La aplanadora cartista pulveriza la Constitución y las leyes. La imputación promovida por el cartismo contra el expresidente Mario Abdo Benítez y algunos de sus excolaboradores y funcionarios públicos viola disposiciones constitucionales y legales de un modo tan escandaloso que su validación por parte del fiscal general Emiliano Rolón y la jueza de garantías Cynthia Lovera solo sirvió para confirmar la inconstitucional complacencia de ambos a los deseos de la demanda. La prueba, más allá de toda duda, se obtiene de la simple lectura de las disposiciones pertinentes de la Constitución y las leyes, redactadas en fácil idioma castellano con el propósito deliberado de que cualquiera pueda entenderlas.
La imputación promovida por el cartismo contra el expresidente Mario Abdo Benítez y algunos de sus excolaboradores y funcionarios públicos viola disposiciones constitucionales y legales de un modo tan escandaloso que su validación por parte del fiscal general Emiliano Rolón y la jueza de garantías Cynthia Lovera solo sirvió para confirmar la inconstitucional complacencia de ambos a los deseos de la demanda.
La prueba, más allá de toda duda, se obtiene de la simple lectura de las disposiciones pertinentes de la Constitución y las leyes, redactadas en fácil idioma castellano con el propósito deliberado de que cualquiera pueda entenderlas.
En su parte III, “Descripción sucinta de hechos”, el acta de imputación promovida por los cartistas dice textualmente que: “Durante parte de su periodo de gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 al 2022) habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral”.
El propósito de debilitar figuras en el ámbito político, en el dudoso supuesto de que sea un hecho reprochable en una democracia funcional, solamente encuentra tipificación en los artículos 151 (difamación) y 152 (injuria) del Código Penal, y en ningún otro. Define el 151 “El que afirmara o divulgara, a un tercero o ante este, un hecho referido a otro, capaz de lesionar su honor”. Y el 152 “El que: 1. atribuya a otro un hecho capaz de lesionar su honor; o 2. expresara a otro un juicio de valor negativo o a un tercero respecto de aquel”.
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