La jueza Mesalina Fernández, titular del Tribunal Unipersonal de Sentencia N.º 27, ha vuelto a insistir ante la Cámara de Diputados con el pedido de desafuero del legislador Esteban Samaniego, perteneciente a la Asociación Nacional Republicana (ANR) y al movimiento Honor Colorado. La notificación fue enviada al presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, en Read More
La jueza Mesalina Fernández, titular del Tribunal Unipersonal de Sentencia N.º 27, ha vuelto a insistir ante la Cámara de Diputados con el pedido de desafuero del legislador Esteban Samaniego, perteneciente a la Asociación Nacional Republicana (ANR) y al movimiento Honor Colorado. La notificación fue enviada al presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, en respuesta a la solicitud pendiente desde hace varios años.
El caso en cuestión se originó en 2019 y tiene como denunciante a Sara Prieto, quien en ese entonces se desempeñaba como encargada del acceso al Estadio Defensores del Chaco. La acusación contra Samaniego incluye presuntos hechos de difamación y calumnia, lo que derivó en la apertura del expediente identificado como “Esteban Martín Samaniego – N.º 01-01-03-01-2019-433”. El juez Rubén Ovelar había enviado la primera solicitud de desafuero el 8 de octubre de ese mismo año, pero la Cámara de Diputados nunca llegó a tratar el pedido en el periodo parlamentario anterior.
Esta no es la única causa judicial que enfrenta el diputado cartista. Actualmente, pesan sobre él al menos cuatro solicitudes de desafuero más, entre ellas una promovida en diciembre de 2023 por el juez Humberto Otazú, relacionada con una investigación sobre el presunto desfalco de fondos públicos durante su administración como intendente de Quyquyhó. Meses antes, en agosto de 2023, la jueza Fernández Franco había remitido otra solicitud en su contra.
El legislador también ha sido objeto de denuncias por supuestas agresiones contra miembros de su propio partido, particularmente contra políticos colorados que no forman parte del movimiento Honor Colorado. Estas denuncias se registraron en agosto de 2022 y, al igual que las demás solicitudes, no han sido sometidas a discusión dentro de la Cámara Baja.
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