ENCARNACIÓN. La Junta Departamental de Itapúa (JDI) solicitó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) la paralización del proceso licitatorio de al menos 15 proyectos impulsados por el gobernador de Itapúa, Christian Brunaga (ANR-HC). Los llamados a licitación no especifican las obras a realizar ni cuánto se gastará en cada una, sostuvo el concejal Silvio Piris (ANR-Añetete), uno de los más duros cuestionadores del administrador departamental.
Mediante nota remitida al director del citado organismo de control, Pablo Seitz Ortiz, con fecha de entrada 3 de enero del corriente año, el titular de la Comisión Permanente del cuerpo colegiado, Christian Ríos (ANR - HC) enumera los 15 proyectos de licitación cuestionados, y al tiempo de solicitar la paralización del proceso, pide la investigación de presuntas irregularidades contenidas en los proyectos.
Algunos de los llamados a licitación cuya suspensión e investigación es solicitada refieren a la construcción de techo y pista de balsones para una escuela de General Delgado; construcción de un polideportivo para la escuela Gaspar Rodríguez de Francia de Encarnación; adquisición de equipos informáticos para la Gobernación; construcción de aulas de informática, sala de reuniones y dirección para el colegio San José, del distrito de Coronel Bogado; la construcción de empedrado en la localidad de Aguarare, distrito de Coronel Bogado (el gobernador es oriundo de Coronel Bogado); Refacción y...
Muchas de las obras propuestas por la Gobernación corresponden al rubro de construcción, puntalmente, polideportivos para escuelas y colegios, para el cual se asigna un monto de G. 2.000 millones, pero sin especificar qué obras exactamente se realizarán, sostuvo el concejal departamental, Silvio Piris (ANR-Añetete).
A modo de ejemplo, citó el caso del llamado para hermoseamiento de una plaza adyacente a la Gobernación, para el cual presupuestó la suma de G. 250 millones, “sin especificar qué tareas se van a desarrollar”, apuntó. Lo mismo con la propuesta de adquisición de una vibro-compactadora para la Gobernación, que en el llamado a licitación establece un monto de G. 820 millones, cuando en el mercado esa máquina no supera los G. 500 millones.
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