Alegando una supuesta “duda razonable”, las juezas de Ciudad del Este Mirta Aguayo, Norma Girala y Carmen Barrios absolvieron y liberaron a dos acusados por homicidio y tráfico de más de 3 mil kilos de marihuana. La sentencia genera sospechas, atendiendo los testimonios y pruebas presentados durante el juicio oral. El caso es otra muestra de cómo funciona la justicia en Alto Paraná.
La Fiscalía acusó al policía Diosnel López González de la comisión de homicidio y tráfico de 3.116 kilos de marihuana, y a Prisco Villar González, por la comisión del último delito. La víctima fue José Solís Peña.
La acusación durante el debate público fue defendida por la fiscala Carolina Gadea, quien pidió la condena de los implicados en el caso.
Sin embargo, las juezas Barrios, Girala y Aguayo dijeron que con relación a la autoría del hecho punible de homicidio doloso, el Tribunal Colegiado resolvió que no se ha demostrado suficientemente la autoría por parte de López González. “Lo puntualizado se debe a que no se ha producido ninguna prueba directa como ser una testimonial o pericial que incrimine al hoy acusado, o que por lo menos lo sitúe al mismo en la escena del crimen. Igualmente, las pruebas documentales diligenciadas durante la audiencia no pudieron sobrepasar positivamente este análisis, por lo que surge la duda...
Insistieron que tenían dudas “en razón a serias contradicciones entre actas labradas en el procedimiento y los dichos de los intervinientes y testigos del acto. Al existir contradicciones entre el acta policial y el testimonio de los testigos presenciales, cada cual tiene su razón, pero nadie tiene una verdad absoluta, pues nadie pudo asegurar que los acusados han disparado contra la humanidad de la víctima, no pudiendo construirse el hecho causal ante el hecho probado y la autoría por parte de los acusados; lo que hace emerger la duda razonable”.
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