La jueza de Itakyry y San Alberto, Eresmilda Román Paíva, fue denunciada por dirigentes de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios El Mensú (Agromensu), ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), debido a que supuestamente recibió una coima de US$ 100 mil de parte de unos colonos brasileños, a quienes favoreció con un Acto Interlocutorio …
La jueza de Itakyry y San Alberto, Eresmilda Román Paíva, fue denunciada por dirigentes de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios El Mensú (Agromensu), ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), debido a que supuestamente recibió una coima de US$ 100 mil de parte de unos colonos brasileños, a quienes favoreció con un Acto Interlocutorio (AI), otorgándoles la adjudicación de una propiedad que esta siendo usufructuada por los de Agromensu y cuya titularidad, la tiene el Indert, vía orden judicial, hecho que llamativamente desconoció la magistrada, según la denuncia.
La magistrada, con antecedentes de supuestos hechos de corrupción, favoreció con un Acto Interlocutorio (AI)a unos colonos brasileños que dijeron ser los dueños de la propiedad que esta siendo usufructuada por la Asociación de Trabajadores Agropecuarios. Se trata de unas tierras que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert) había cedido por “mejor derecho” a los mismos.
Sin embargo, los brasileños recurrieron a la jueza para pedir el desahució de los trabajadores del campo, para lo cual, habría accedido la jueza a una coima de US$ 100 mil, según la denuncia.En el 2012, el Indert había cedido las tierras en “mejor derecho” a Agromensú para que cultiven la tierra, teniendo en cuenta que las parcelas le pertenecen al Estado paraguayo. Sin embargo, esta situación no fue tenida en cuenta por la magistrada en cuestión y favoreció a los colonos, quienes presentaron documentos que probarían la titularidad de las tierras, hecho totalmente falso, ya que esas tierras...
Román Paíva ya tiene antecedentes de obrar a favor de los latifundistas, en el caso de las tierras de Santa Lucía, al norte de Ciudad del Este, ocurrido en el 2015, donde fue denunciada por el propio presidente del Indert, Justo Cárdenas, por favorecer a colonos brasileños y no a pequeños productores compatriotas, según los antecedentes del caso.
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