La jueza Rosarito Montanía ordenó la inhibición general de enajenar y gravar bienes, así como el bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o cualquier otro producto financiero depositados en bancos, financieras, casa de créditos y cooperativas, que pudieran tener los imputados Fidel Lusichi, Camilo García Alarcón y Diego Andres Rojas, presuntamente responsables de un […]
La jueza Rosarito Montanía ordenó la inhibición general de enajenar y gravar bienes, así como el bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o cualquier otro producto financiero depositados en bancos, financieras, casa de créditos y cooperativas, que pudieran tener los imputados Fidel Lusichi, Camilo García Alarcón y Diego Andres Rojas, presuntamente responsables de un cargamento de cocaína incautado a finales del pasado año en el Chaco, en el marco de la operación squid
Dicha decisión debe ser circularizada con carácter urgente a las entidades del sistema bancario, cooperativismo y financiero, en razón a la sospecha razonable de que los bienes muebles e inmuebles, así como el dinero en efectivo que pudieran estar depositados en bancos, financieras, casas de créditos y/o cooperativas a nombre de los citados procesados podrían ser producto del beneficio económico de las actividades ilícitas investigadas, que en caso de no dictarse las medidas cautelares idóneas, podría correrse el riesgo inmediato de perderse el derecho que se intenta cautelar”
En el requerimiento del fiscal Guillermo Sanabria , se presume que los bienes que podrían pertenecer a los imputados Fidel Andrés Lusichi, Camilo Damían García Alarcón y Diego Andrés Rojas García, tendrían conexión u origen con las actividades ilícitas que se investigan en la presente causa, cuyos beneficios económicos producen graves efectos negativos en el sistema económico y social de un país, al constituir situaciones patrimoniales ilícitas, por lo que corresponde ordenar la aplicación de las medidas cautelares, consistentes en la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles o...
“Esta Magistratura entiende, que se dan por acreditados la verisimilitud del derecho y la urgencia de dictar las medidas, a fin de poder asegurarlos, pues existe una alta probabilidad de que los mencionados imputados, intenten ocultar o modificar su situación patrimonial, con el objeto de evitar ser despojados de los mismo”, explica.
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