La jueza Cynthia Lovera, al rechazar el dictamen de la fiscala adjunta, Patricia Rivarola, que pidió el sobreseimiento definitivo de los acusados por perjuicio de G. 2 billones a la Caja de Jubilados Bancarios, debió remitir la causa al fiscal general y no extinguir la acción penal. La magistrada mal aplicó el artículo 139 del … Jueza mal aplicó artículo 139 del CPP en el caso Caja Bancaria, sostiene Cámara Leer más »
La jueza Cynthia Lovera, al rechazar el dictamen de la fiscala adjunta, Patricia Rivarola, que pidió el sobreseimiento definitivo de los acusados por perjuicio de G. 2 billones a la Caja de Jubilados Bancarios, debió remitir la causa al fiscal general y no extinguir la acción penal. La magistrada mal aplicó el artículo 139 del Código Procesal Penal, dice la Cámara al anular el fallo.
En este caso, según la Cámara, dieron tres situaciones: 1) la fiscal Claudia Aguilera presentó acusación al solicitar la reapertura de la causa; 2) en la audiencia preliminar primero se ratificó la acusación y luego hubo allanamiento de la fiscala Stella Mary Cano al pedido de extinción de la acción penal planteada por las defensas y 3) el sobreseimiento definitivo presentado por la fiscal adjunta Patricia Rivarola, luego del trámite previsto en el artículo 358 del CPP, que dispuso la magistrada Cynthia Lovera.
El artículo 358 del Código Procesal Penal, que dispone: “Falta de Acusación: Cuando el Ministerio Público no haya acusado y el juez considera admisible la apertura a juicio, ordenará que se remitan las actuaciones al Fiscal General del Estado para que acuse o ratifique el pronunciamiento del fiscal inferior. En ese último caso, el juez resolverá conforme al pedido del Ministerio Público. En ningún caso el juez podrá decretar el auto de apertura a juicio si no existe acusación fiscal”.
El artículo transcripto precedente, dice la Cámara, otorga al juez penal de garantías la facultad de remitir las actuaciones al Fiscal General del Estado, cuando el agente fiscal interviniente no haya acusado y el juez lo considere admisible, y en cuyo caso el Fiscal General del Estado solo tiene dos alternativas: acusar o rectificar el pronunciamiento del fiscal inferior.
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