Gabriela Quintana Venialgo, la “niñera de oro”, tiene tres días para cumplir con las medidas a las que se comprometió al ser beneficiada con la suspensión a prueba de la condena. De lo contrario, el beneficio será revocado.
Así de clara es la advertencia realizada por la jueza penal de ejecución de sentencia Sandra Silveira, quien tiene a su cargo la ejecución de la pena privativa de libertad de 1 año y 6 meses que le impusieron a la mujer por cobro indebido de honorarios.
En ocasión de dictar la sentencia, el 3 de mayo del año pasado, el Tribunal dispuso la suspensión a prueba de la condena a cambio de una serie de medidas a ser cumplidas dentro de un plazo de dos años.
Además de las clásicas prohibiciones de salir del país y de cambiar de domicilio sin informar al juzgado, el punto 4 establecía la obligatoriedad de devolver íntegramente los millonarios montos percibidos de la entidad binacional Itaipú y donar G. 2 millones mensuales por término de dos años a la Cruz Roja. Este pago se realizó solo hasta setiembre pasado, motivo por el cual la jueza intimó a la condenada.
La “devolución íntegra de toda remuneración percibida de la Itaipú Binacional” la componen los G. 71.683.460 que cobró como salario en el periodo en que también percibía sueldo como funcionaria de la Cámara de Diputados y los G. 34.579.994 que percibió en concepto de compensación por su desvinculación.
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