La jueza Diana Carvallo sostiene que el abogado Farid González, esposo de la jueza Norma Salomón, no ostenta la calidad de funcionario público para que su conducta pueda ser calificada dentro de la ley que tipifica el tráfico de influencias. “Antes de proceder al análisis de la medida cautelar solicitada por el agente del Ministerio … Jueza desechó tráfico de influencias en caso de esposo de jueza Salomón Leer más »
La jueza Diana Carvallo sostiene que el abogado Farid González, esposo de la jueza Norma Salomón, no ostenta la calidad de funcionario público para que su conducta pueda ser calificada dentro de la ley que tipifica el tráfico de influencias.
“Antes de proceder al análisis de la medida cautelar solicitada por el agente del Ministerio Público, esta Magistratura hace notar que de la relación fáctica contenida en el acta de imputación formulada contra Farid Gustavo González Ledesma, se advierte que mismo no ostenta la calidad de funcionario público, requisito indispensable para que su conducta pueda ser calificada dentro de las previsiones de la ley N° 2523/2004 “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que en su artículo 2 dispone: Ámbito de aplicación. Esta...
La interpretación de la jueza es contraria de lo que hasta hoy se viene dando en el Poder Judicial. El fiscal Joel Cazal, además del hecho punible de extorsión, le atribuyó al esposo de la jueza el trafico de influencias, considerando que el mismo prometió influir en la decisión de su esposa, la jueza Norma Salomón, para que un procesado por violencia familiar vaya a prisión a cambio de la suma de G. 30 millones.
El artículo 7° de la referida ley, dice que:1) El que reciba o haga prometer para sí o para un tercero, dinero o cualquier otro beneficio como estímulo o recompensa para mediar ante un funcionario público, en un asunto que se encuentre conociendo o haya de conocer invocando poseer relaciones de importancia o influencias reales o simuladas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o multa.
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