El juez penal de garantías Humberto Otazú ratificó las resoluciones por las cuales admitió las imputaciones presentadas contra el empresario brasileño Jair Antonio de Lima y la despachante de aduanas Emilia Canale Gamarra por contrabando y producción de documentos no auténticos.
El magistrado rechazó recursos planteados por la defensa de los afectados, que cuestionan la imputación de la fiscala María Estefanía González por supuesto incumplimiento de requisitos básicos para su admisión, como descripción de la conducta delictiva. Sin embargo, para Otazú, el documento reúne los elementos necesarios para su validez.
Como los recursos fueron planteados con apelación en subsidio, el pedido de la defensa ahora deberá ser estudiado por el Tribunal de Apelación.
Este proceso se inició a partir de un procedimiento realizado el 2 de mayo pasado, a las 23:00, en el puesto de control policial Nº 8, de Concepción, kilómetro 4 ruta General Rafael Franco, agentes policiales del Departamento de Lucha contra el Abigeato se incautaron de unas 180 toneladas de carne, con documentación irregular.
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