El juez de paz del Juzgado de la Catedral, Primer Turno, Gustavo Villalba, imputado y suspendido en sus funciones en el caso de mafia de pagarés, apeló la resolución del magistrado Humberto Otazú, que ordenó la extracción de datos de su teléfono celular, incautado durante un allanamiento cuando el referido juzgado estaba a su cargo. […]
El juez de paz del Juzgado de la Catedral, Primer Turno, Gustavo Villalba, imputado y suspendido en sus funciones en el caso de mafia de pagarés, apeló la resolución del magistrado Humberto Otazú, que ordenó la extracción de datos de su teléfono celular, incautado durante un allanamiento cuando el referido juzgado estaba a su cargo. La defensa sostiene que el Ministerio Público “no necesita invadir la privacidad del magistrado y de las personas que interactuaron con él, extrayendo datos de los teléfonos celulares secuestrados”. Sin embargo, los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y...
La defensa del juez de paz, ejercida por el Abg. José Miguel Fernández Zacur, apeló la resolución del juez Humberto Otazú que autorizó la extracción de datos del celular del magistrado hoy imputado.
El defensor alegó que la intervención de conversaciones (Art. 200 CPP) mediante la revisión de dispositivos móviles y extracción de datos habidos en los mismos, importa el acceso a información personal y sensible del imputado protegida por los derechos a la intimidad, a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones consagrados en los Arts. 33 y 36 de la Constitución Nacional.
“La intromisión del Estado en la esfera reservada de las personas a fuerza de una orden judicial que no reúne los estándares necesarios (como en el caso que nos ocupa), apareja un daño superlativo e irreversible para el afectado, desde que la penetración al ámbito personal y la exposición de su contenido no pueden mitigarse, suprimirse ni retrotraerse luego de efectuadas. Es decir, un ‘(…) agravio irreparable (…)’”, complementó.
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