El juez Raúl Florentín definirá si blanquea o no un presunto perjuicio de casi G. 17.000 millones a la Essap durante la gestión de Omar Ludovico Sarubbi. La fiscala Victoria Acuña pidió el sobreseimiento definitivo de todos los imputados, en un escrito en donde su sospechosa postura carece de fundamentación.
Para mañana a las 7:30 está prevista la audiencia preliminar en la que el juez Florentín debe decidir si hace lugar al pedido de Acuña o le da trámite de oposición y envía el caso a la Fiscalía General del Estado.
La investigación fiscal comenzó a raíz de una supuesta tragada de unos G. 17.000 millones que había detectado una auditoría del Poder Ejecutivo durante la gestión de Sarubbi, entre el 2015 y 2016. El hecho se habría perpetrado a través de órdenes de pago y cheques para la adquisición de productos y servicios, en carácter de anticipos de fondos a rendir, cuyos montos superaban el límite y además carecían de contraprestación.
Acuña había imputado a Sarubbi y otros involucrados, ante la existencia de indicios suficientes de la implicancia de los mismos en el millonario perjuicio. Sin embargo, al final no acusó y solicitó el sobreseimiento definitivo para lo cual alegó que no tiene más diligencias que hacer para colectar elementos de prueba.
“Considerando la imposibilidad de que se pueda colectar más elementos de convicción para fundamentar el elemento objetivo de resultado, por lo que no se podrá pasar a la siguiente etapa procesal de apertura a juicio, corresponde la desvinculación definitiva de los imputados en la presente causa”, dice en una parte del breve argumento de la fiscala para dejar impune nada menos que un presunto perjuicio de casi G. 17.000 millones, que se corroboró mediante una auditoría que había ordenado el Ejecutivo.
Leer la nota completa en Diario ABC
