El juez civil, comercial y laboral de la ciudad de Hernandarias, Juan Adalberto Roa Irala, quien atiende un juicio por despido injustificado que inició en el año 2014, y aparece como afectado Rubén Darío Díaz Gómez, continúa dilatando la orden de pago de sus haberes al trabajador, pese a que el mismo ya ganó el proceso en todas las instancias, pero el magistrado hasta la fecha no dictó sentencia definitiva que ordene llevar adelante la ejecución del pago al exempleado de Corporación Mercantil, que lucha por sus derechos hace siete largos años.
El lunes 6 de diciembre último, el abogado David Sigmud Núñez, representante legal de Rubén Darío Díaz Gómez, solicitó otro urgimiento al juez Juan Roa, para que este dicte sentencia de remate a fin de que finalmente el trabajador pueda cobrar lo que le corresponde. El letrado solicito el cumplimiento del Art. 355 del C.P.T. y que el juzgado dicte sentencia definitiva que ordene llevar adelante la ejecución, hasta que el acreedor reciba íntegramente el pago del capital, interés, costos y costas del proceso ejecutivo.
Pidió además que por la celeridad y economía procesal, se decrete informe de saldo existente en la cuenta judicial n° 60-6-071925/1, abierta en el Banco Nacional de Fomento, a nombre del presente juicio y a la orden del juzgado, a cuyo efecto, deberá librar el pertinente oficio electrónico a contaduría general de tribunales.
Esta injusta historia tiene como protagonista a Rubén Darío Díaz Gómez, quien trabajó durante 20 largos años en la referida empresa hasta que un día los ejecutivos decidieron echarlo sin pagarle un solo guaraní, alegando despido justificado por supuesto robo de una hoja de cheque. Como si fuera poco, sus expatrones lo denunciaron ante el Ministerio Público por el supuesto hecho de lesión de confianza, fue procesado y sometido a un juicio penal del que fue sobreseído inicialmente, pero la sentencia fue anulada y se tuvo que rehacer el juicio, en el que le sobreseyeron nuevamente. Antes de...
El juicio contra la firma Corporación Mercantil se inició en el año 2014 con sentencia confirmada en todas las instancias en el año 2017. Desde allí comenzó una serie de inhibiciones, recusaciones y excusaciones, por lo que el expediente que inicialmente estaba con la jueza Graciela Panza, pasó por los juzgados a cargo de Nélida Alvarenga, Cinthia Pineda, Juan Adalberto Roa, de Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias, donde fue a parar últimamente.
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