Los magistrados de la circunscripción judicial de Alto Paraná comenzaron a adoptar la peligrosa práctica de prohibir publicaciones periodísticas referentes a determinadas personas e incluso empresas privadas. Las acciones judiciales consisten en presentar recursos de amparo constitucional invocando graves daños.
Como los jueces se prestan a las acciones que coartan la libertad de expresión y de prensa, cada vez más se recurre a la práctica de prohibir publicaciones periodísticas que hacen referencia a personas y también a empresas privadas.
En los últimos tiempos, el primero en recurrir a esta práctica fue un concejal municipal electo de Hernandarias, que buscaba así evitar que se publiquen informaciones referentes a un conflicto por la tenencia de una niña. La madre de la pequeña había denunciando graves hechos, pero ahora no se pueden mencionar en los medios de comunicación.
En otro caso, la rectora de una universidad privada logró que el juez Amílcar Marecos diera lugar también a un recurso de amparo. En su resolución, el magistrado en cuestión prohíbe al diario “Vanguardia” de Ciudad del Este y otros medios de comunicación e incluso a un abogado hacer mención a la casa de estudios y la rectora de la institución.
Esta última recurrió a acciones judiciales para evitar que se difundan publicaciones sobre una denuncia de acoso en contra de un directivo de la universidad.
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