Un grupo de jóvenes decidió encadenarse al Congreso hasta que se archive el proyecto de enmienda y se impute a los 25 senadores que violaron la Constitución Nacional.
Los tres empleados eran pagados con recursos del Estado por los trabajos que hacían en su propiedad.
El diputado colorado fue acusado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Tras admitir el ilícito y ofrecer pagar G. 30 millones, así como hacer una donación de G. 5 millones, obtuvo la suspensión condicional
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