El procurador Marco Aurelio González, junto con Liria Giménez, directora del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra tres jueces de la Cámara de Apelaciones. Los magistrados Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta decidieron revocar una orden de captura emitida contra el Read More
Según la Procuraduría General, los camaristas cometieron un acto arbitrario al permitir que el abogado evitara enfrentar a la justicia. Esta acción también fue calificada como una mala aplicación de la ley que fomenta maniobras dilatorias y obstrucciones judiciales. Marco Aurelio González señaló que esta situación abre la puerta a conductas que propician la evasión de responsabilidades legales, calificándola como una utilización abusiva del derecho.
Por otro lado, Liria Giménez detalló el episodio de violencia que sufrieron los trabajadores del INTN. Durante 25 minutos, el abogado habría agredido verbal y físicamente a los funcionarios, llegando incluso a abofetear a la ingeniera Lourdes Sosa mientras se realizaba la inspección de la gasolinera del emblema 3 Fronteras, donde se detectaron irregularidades. Este incidente, ocurrido el martes 18 de marzo, generó indignación y un amplio rechazo por parte de la opinión pública, gremios y diversas instituciones.
El juez Bernardo Silva había emitido inicialmente una orden de captura contra el abogado, pero esta fue revertida por la Cámara de Apelaciones. Posteriormente, y tras presentarse en la audiencia de imposición de medidas, Silva ordenó la prisión preventiva de Acosta. Las autoridades han advertido que decisiones judiciales como esta afectan gravemente el funcionamiento de la justicia y contribuyen al fortalecimiento de prácticas dilatorias.
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