El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) admitió la acusación contra la juez penal de garantías n⁰ 5 de Ciudad del Este, Cinthia María Garcete Urunaga, promovida por Mirian Gómez, madre de una joven asesinada por su pareja en agosto del 2021. La acción es como consecuencia de que la magistrada, en una decisión descabellada y sin precedentes, otorgó arresto domiciliario al presunto autor y lo envió a su casa como si se tratara de un simple ladrón de gallinas. El 8 de agosto último, el órgano juzgador solicitó a la juez todos los antecedentes del caso, pero la misma ni siquiera respondió el pedido y ahora fue nuevamente notificada, y tiene cinco días para hacerlo. En el caso, el fiscal Alcides Giménez y los miembros de la Cámara de Apelaciones, también deben ser investigados, pues ellos avalaron todas las actuaciones de la cuestionada magistrada.
La acusación contra la jueza Cinthia Urunaga fue admitida por el JEM el 8 de agosto de este año y está caratulada como “Causa nº 85/22: Mirian Gómez c/ Abg. Cinthia María Garcete Urunaga, jueza penal de garantías n° 05 de Ciudad del Este, Circunscripción Judicial de Alto Paraná s/ denuncia por mal desempeño de sus funciones”.
La acción fue promovida por Mirian Gómez, madre de la joven Antonia Noemí Sosa Gómez (17), asesinada de dos balazos el 20 de agosto del 2021 por su pareja Anderson González Ocampos, quien, desde abril del 2022, goza de arresto domiciliario, una medida descabellada y nunca antes vista en nuestro sistema judicial para casos graves como este.
La madre de la víctima había presentado la denuncia ante el JEM bajo patrocinio de su abogado Leonardo Samaniego el 22 de julio de este año. Rápidamente, el Jurado había notificado y emplazado a la mujer para que demuestre su “solvencia económica” en un plazo perentorio de cinco días, de lo contrario se daría por desistida su denuncia.
El abogado de Mirian Gómez presentó al JEM el certificado de trabajo de la mujer, que se desempeña como cocinera en la cantina de una escuela de Minga Guazú y por dicha labor recibe mensualmente salario mínimo mensual, es decir, un poco más de G. 2 millones, declarándose insolvente.
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