Contempla incentivos para aquellos abogados y asociaciones que prioricen estos casos.
La Cámara de Diputados italiana ha aprobado un nuevo decreto de seguridad que ha levantado dudas por su constitucionalidad y que ha obligado al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni a corregir en el último minuto varias de sus disposiciones, entre ellas detalles de la polémica retribución de 615 euros a abogados que prioricen casos de repatriación voluntaria de migrantes irregulares.
"El Gobierno da otro paso concreto para reforzar la tutela de los ciudadanos, defender a quienes visten un uniforme y afirmar con claridad un principio simple: en Italia, la legalidad no es negociable", ha expresado Meloni en un mensaje publicado en redes sociales.
La primera ministra italiana ha afirmado que con la medida aprobada este viernes el Estado tendrá "más instrumentos para combatir la violencia, el deterioro, las ocupaciones abusivas, la criminalidad extendida y la inmigración ilegal". "Nosotros seguimos adelante así: con seriedad, determinación y con la voluntad de dar respuestas concretas a los italianos", ha argüido.
La legislación --que ha salido adelante con 162 votos a favor, 102 en contra y una abstención tras dos intensos días de debate-- contempla no solo este incentivo, sino otras medidas, como endurecer el control sobre las armas blancas o la "detención preventiva" de hasta doce horas para personas consideradas peligrosas.
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