La entidad binacional Itaipú se lavó las manos en el caso de denuncia de acoso sexual que involucró al exsuperintendente de Recursos Generales Arturo Giménez Gallardo. Pese a haber tenido tres declaraciones testificales, asegura que no pudo tener certeza de los hechos. Desde un principio hubo defensa corporativa del acusado.
Finalmente, después de seis meses, la Itaipú decidió “dejar en suspenso” el sumario administrativo iniciado el 24 de noviembre de 2017 cuando un audio al que tuvo acceso nuestro diario reveló que el entonces superintendente de Recursos Generales y asistente del director administrativo, Arturo Giménez Gallardo instó a cometer un delito para hacer desaparecer supuestas pruebas de acoso sexual en su contra.
Según la determinación que lleva la firma del director jurídico Luis Alberto Breuer y elevado al director general James Spalding, el juez de instrucción César Alfonso, contratado por la entidad para realizar el sumario –y cuyos honorarios se negaron a dar a conocer–, no pudo llegar a ninguna conclusión por lo que se toma la decisión de dejar en suspenso y remitir todo lo recogido a la Fiscalía, donde hay una causa sobre el caso.
La nota de Breuer señala, entre otras cosas, que el juez de instrucción “dio por concluidas las diligencias... y con el material probatorio que pudo ser colectado no puede arribarse a un estándar de certeza”.
Agrega que, sin embargo, en el marco de la investigación fiscal que se ha abierto en el Ministerio Público podrían incorporarse nuevos elementos de convicción originados con base en los mismos hechos, que han motivado la formación de una carpeta de investigación que se encuentra en estado incipiente. Así optó por recomendar la suspensión de los trámites a fin de quedar supeditado el sumario a las resultas del proceso penal iniciado para el esclarecimiento de los mismos hechos investigados.
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