Itaipú apenas abrió un sumario respecto al caso del superintendente Arturo Giménez, quien fue grabado pidiendo contratar un guardia para cometer un delito y hacer desaparecer pruebas de supuesto acoso a mujeres. En vez de pedir a la justicia investigar, ejerce defensa corporativa al usar sus dependencias para amedrentar a una afectada que decidió denunciar el caso.
La entidad binacional Itaipú, en un comunicado publicado el viernes al final de la tarde, con la aprobación de su director general James Spalding, señala que la institución al tomar conocimiento “de noticias relacionadas a empleados de la Entidad, a través de medios de prensa, inmediatamente se han tomado medidas administrativas”.
La “noticia relacionada a funcionarios” a la que se refiere la entidad involucra nada menos que al superintendente de Recursos Generales, el político colorado cartista Arturo Giménez.
El funcionario fue grabado pidiendo a una trabajadora de menor rango (aprendiz) de la entidad contratar un guardia para hacer desaparecer supuestas pruebas de acoso sexual contra mujeres. Según dijo, las mismas estaban amenazando con denunciarlo ante la justicia y eso lo tenía “con la bola rota” (sic).
Itaipú en su comunicado no dice quién está sumariado ni cuál es la finalidad, siendo que Giménez con lo que dijo instigó a cometer un delito, hecho que tendría que ser investigado por la Fiscalía. Para lograr su cometido buscó complicidad de otra funcionaria.
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