La empresa española Isolux Corsán, encargada de la construcción del “superviaducto” e investigada en su país por participación en un esquema de coimas, fue suspendida por el Gobierno argentino, según un informe del diario Clarín publicado en julio pasado.
La medida fue promovida por el Ministerio del Interior, dirigida por Rogelio Frigerio, y es por cinco meses. En la Argentina, Isolux es investigada por sobrecostos e irregularidades en la “principal obra que el gobierno kirchnerista le otorgó, la construcción de la Usina Térmica de Río Turbio, por la que se investiga a Julio De Vido por malversación de fondos y, en otra causa, por sobreprecios. En este caso, la suspensión fue por un contrato que rescindió el Ministerio de Justicia que Isolux tenía en Mendoza”, señala Clarín. “No queremos contratistas que tengan antecedentes de mala...
En nuestro país, hace solo días, el juzgado ordenó el archivamiento de la causa “superviaducto”, a cargo de Isolux Corsán, por irregularidades en la licitación y la construcción, más allá de que el propio Ministerio de Obras Públicas admitiera que faltan obras en el proyecto.
El “blanqueo” favoreció al ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, y los miembros del comité evaluador del ente, Dionisio Agustín Mereles, Roberto Carlos Enrique, Esteban Vicente Sarubbi, Juan Manuel Cano y Claudia Centurión, denunciados por lesión de confianza y asociación criminal.
El MOPC adjudicó la construcción del “superviaducto” a Isolux Corsán por un costo de G. 124.210 millones en 2015. En menos de dos meses, la obra ya presentaba fallas, como la inundación del túnel luego de una lluvia, un apagón y la filtración en las paredes.
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