En la Junta Departamental también se reflejó la inconsciencia y la falta de cumplimiento del protocolo sanitario ante la pandemia por Covid-19. La concejal Sandra Miranda (PQ) permaneció sin tapabocas durante la sesión ordinaria del legislativo llevada a cabo ayer. También estuvo sin mascarilla el a
En la Junta Departamental también se reflejó la inconsciencia y la falta de cumplimiento del protocolo sanitario ante la pandemia por Covid-19. La concejal Sandra Miranda (PQ) permaneció sin tapabocas durante la sesión ordinaria del legislativo llevada a cabo ayer. También estuvo sin mascarilla el asesor financiero de la Junta, Javier Mongelós. En la víspera también se aprobó un convenio entre la Gobernación del Alto Paraná y los Consejos de Salud de los distritos de Juan E. O’Leary y Juan L. Mallorquín, para la contratación de funcionarios, cuyos pagos de salarios quedarán a cargo del ente...
La irresponsabilidad e inconsciencia ante la pandemia empieza por las mismas autoridades y funcionarios públicos. Ayer, la concejal Sandra Miranda (PQ) participó de la sesión ordinaria de la Junta Departamental sin utilizar la mascarilla, pese a las insistentes recomendaciones desde todos los ámbitos. Igualmente, el asesor financiero, Javier Mongelós, estuvo en la sala de sesiones, sin su barbijo. Tras las miradas de reproche y algunas advertencias, ambos finalmente se colocaron los tapabocas.
El recinto en el que se lleva a cabo la sesión es cerrado, con aire acondicionado, y allí permanecen cerca de 15 funcionarios, además de 21 concejales y trabajadores de prensa, por lo que se convierte en un lugar ideal para la propagación del virus, si no se toman los cuidados correspondientes.
En otro momento, los concejales trataron y aprobaron el pedido del gobernador Roberto González Vaesken, quien solicitó el visto bueno al convenio entre la Gobernación y los Consejos de Salud de los distritos de Juan León Mallorquín y Juan E. O’Leary. Los acuerdos son para que contraten para sus respectivos hospitales distritales, varios profesionales para los centros asistenciales, y que sus salarios sean costeados por el ente gubernativo.
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