La Fiscalía investiga la supuesta apropiación de G. 725 millones correspondientes a la indemnización de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), tras la muerte de Antonio Acosta Contrera (53) y Mariano Ramírez Casco (43), ocurrida el pasado 2 de agosto cuando un cable de alta tensión de la ANDE se soltó, provocando su fallecimiento. El caso salió a la luz cuando las familias afectadas concurrieron a la Fiscalía la semana pasada, tras descubrir el monto real de la indemnización que debía ser distribuida entre ellas. Según la fiscal Norma Salinas, quien está a cargo de la investigación, las familias firmaron…
Las familias afectadas solo recibieron una fracción del dinero pactado, mientras que una gestora y su cómplice habrían adquirido vehículos y propiedades con los fondos desviados.
Una gestora habría cobrado millones en honorarios no acordados, y se señala la complicidad de una escribanía y el banco en el cobro irregular de los cheques.
La fiscal Norma Salinas, a cargo del caso, ya identificó a los principales sospechosos, incluidos gestores, abogados, notarios y empleados bancarios, quienes habrían facilitado el fraude.
Ana Delia Acosta, una de las sindicadas por las víctimas. || Cortesía
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