Tres fiscales apartados y uno designado aparentemente a medida, encaminan al oparei la investigación por enriquecimiento ilícito del fiscal general con autopermiso Javier Díaz Verón. El mandamás del Ministerio Público puede perder hoy definitivamente la silla ante Sandra Quiñónez, pero se está asegurando la impunidad por la fortuna que amasó desde su cargo.
La pesquisa por la fortuna de Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo tiene todos los ingredientes para terminar en la nada.
El lento avance de la investigación y los cuestionamientos se cobró primero el apartamiento de la fiscala Yolanda Portillo, quien alegó parentesco de su esposo con el abogado Mario Elizeche Baudo, representante de María Selva.
Después le llegó el turno a José dos Santos que “pecó” al convocar a la esposa de Díaz Verón y sus hijos Yerutí y Alejandro Díaz Morínigo para que declaren en carácter de indagatoria, por la conformación de la empresa Canto Rodado con nada menos que G. 2.500 millones de capital.
El agente encontró indicios del hecho punible de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, porque hicieron aparecer ante la Seprelad unos pagarés para justificar la integración de Canto Rodado, algo nunca consignado en la escritura pública y en los registros tributarios.
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