La causa por supuesta lesión de confianza que enfrenta el intendente reelecto de Borja, Óscar Silvera (ANR), se encuentra estancada en la unidad del fiscal de Villarrica, Bernardo Elizaur. El agente aún no solicita la imputación del jefe comunal, a pesar de que existen sospechas de que el funcionario sobrefacturó varias obras con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública para el Desarrollo (Fonacide).
VILLARRICA (Pablo Gastón Ortiz, corresponsal).El agente fiscal de esta localidad Bernardo Elizaur indicó que para avanzar en la investigación necesita la realización de una auditoría al cúmulo de documentaciones incautadas de la sede municipal durante un allanamiento realizado en septiembre del año pasado. No obstante, las primeras diligencias de la Fiscalía indican que Óscar Miguel Silvera Gallinar (ANR), reelecto como intendente, habría sobrefacturado varias obras realizadas en distintas instituciones educativas del municipio de Borja.
Por ejemplo, en el 2013 se pagaron 196 millones de guaraníes para la refacción de seis aulas en la escuela N° 6.600 “Francisca Silva Campos”. Pero las autoridades de la institución cuentan que años atrás repararon dos aulas con solo 25 millones de guaraníes y lo hicieron con materiales de mayor calidad. Estiman que una inversión de G. 75 millones podría haber hecho una mejor obra que la llevada a cabo por casi G. 200 millones.
Esta adjudicación se realizó bajo el concepto de construcción de aulas, sin concurso y sin informar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). El responsable de la obra fue Juan Carlos Silvera, hermano del intendente, hecho que viola el artículo 40 inciso a) de la Ley 2051 de Contrataciones que prohíbe a los organismos, entidades y municipalidades contratar a parientes, cónyuges y afines.
Situaciones similares se pudieron corroborar en otras cinco escuelas de Borja, pero para la Fiscalía aún no hay elementos suficientes para sostener una imputación, según lo indicó el agente Elizaur.
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