Los afectados por las inundaciones contaron los perjuicios que sufrieron tras el avance del agua, que dejó sus viviendas inhabitables, y siguen insistiendo con la intervención del Gobierno.
Unas veinte familias vienen años reclamando por la intervención del Estado, tras la inundación de sus viviendas, ubicadas en el barrio Vista Alegre, de Chaco’i, que atribuyen a obras de la empresa Terminal Occidental SA (TOSA), que obtuvo la concesión del Gobierno y cerró el paso del riachuelo Cabañas.
Los esfuerzos de pobladores por soluciones incluyeron denuncias en la Fiscalía, que no avanzan; reclamos ante el Ministerio del Ambiente (Mades), que terminó sobreseyendo a la empresa. Atados de manos incluso llegaron al Ministerio de la Defensa Pública, donde también se encontraron con las puertas cerradas.
Allí, sin justificación alguna, no consiguieron intervención, denuncian.
“Creemos, con justa razón que el emplazamiento y las actividades de este complejo, ya sea por el refulado, nivelación del terreno, defensa costera u otras obras, han tenido y siguen teniendo una importante influencia en el régimen de inundaciones en la zona”, fue el escrito presentado por los habitantes.
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