El río Monday, otrora fuente de vida y belleza para el Alto Paraná, hoy desangra. Su cauce, sus riberas y su entorno se encuentran bajo el asedio implacable de una red de areneras, en su mayoría clandestinas, que operan con una impunidad indignante en distritos como Juan León Mallorquín, Juan E. O’Leary y Tavapy. No […]
El río Monday, otrora fuente de vida y belleza para el Alto Paraná, hoy desangra. Su cauce, sus riberas y su entorno se encuentran bajo el asedio implacable de una red de areneras, en su mayoría clandestinas, que operan con una impunidad indignante en distritos como Juan León Mallorquín, Juan E. O’Leary y Tavapy. No es un secreto a voces; es una acción depredadora que a plena luz del día destruye nuestro patrimonio natural, social y económico, mientras las instituciones que deberían protegernos, miran hacia otro lado.
Las cifras son alarmantes: se estima que al menos 40 areneras operan en la región sin control efectivo. El intendente de Juan León Mallorquín, Elvio Coronel, lo ha reconocido con cruda honestidad: la inmensa mayoría son ilegales, evaden impuestos y dejan a su paso calles destruidas, puentes colapsados y una infraestructura municipal en ruinas. Pero el costo más elevado no se mide en guaraníes. El daño ambiental es ya irreversible. Estas empresas se instalan en franjas de protección ecológica, arrasando la vegetación nativa, provocando erosión, socavamiento y contaminando el agua.
Lo más frustrante, y lo que raya en la complicidad, es la vergonzosa inacción del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y del Ministerio Público. A pesar de las reiteradas denuncias y solicitudes de intervención, las autoridades nacionales brillan por su ausencia. Las denuncias de crímenes ecológicos de gran escala, como el ocurrido en Juan E. O’Leary en 2020 con la destrucción de kilómetros de franja costera por barcos areneros, terminan en la nada. La misma historia se repite en Tavapy, donde permisos dudosos y la extracción a gran escala quedan impunes. ¿Hasta cuándo el...
Y si bien el peso de la responsabilidad recae fuertemente sobre estas carteras nacionales, la actuación de algunos intendentes municipales también deja mucho que desear. Si bien algunos, como el de Mallorquín, denuncian la situación, la falta de voluntad política para crear herramientas como un Juzgado de Faltas, o la lentitud para aplicar sanciones, contribuyen a este panorama de descontrol. La presión ciudadana por ordenar el tránsito de camiones pesados, que ponen en riesgo la seguridad vial y la salud de los vecinos, también es desoída.
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