La Ley Nº 4711 castiga el desacato de una orden judicial y en su artículo 1º determina que “El que incumpliere una orden escrita dictada en legal forma por una autoridad judicial competente, será castigado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa. Si el autor cometiere el hecho, mediando apercibimiento escrito y previo de la autoridad judicial correspondiente o fuere un funcionario público, en los términos del Artículo 14, numeral 14 del Código Penal, la pena podrá ser elevada hasta cinco años.
Las Juezas, de la niñez y la adolescencia, Laura Villalba Cardozo y del Juzgado Penal de Garantías, Hilda Benítez Vallejo, dieron curso favorable a las acciones de Amparo Constitucional de Acceso a la Información, planteados por Rojas. La primera de las magistradas dio trámite al recurso contra la Municipalidad y la segunda a la acción contra la Junta Municipal.
Villalba ordenó al intendente Alejandro Tati Urbieta la entrega al peticionante en el plazo de 5 días de todos los documentos solicitados por el mismo y que no tuvieron respuesta de la Comuna. Dichos documentos guardan relación entre otras cosas con el proceso de venta del Puerto Municipal, la deuda con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, venta de algunos inmuebles y otros.
Por su parte, La jueza Benítez Vallejo ordenó a la Junta Municipal, la entrega al accionante, en el plazo de 5 días hábiles, de copias de todas las actas del cuerpo colegiado, de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y de enero a octubre de 2018.
Una diferencia entre ambas sentencias es que la Jueza Villalba impone las costas del juicio a la parte perdedora, mientras que Benítez Vallejo exime del pago a la Junta Municipal. Las resoluciones son de cumplimiento obligatorio, de lo contrario, tanto la Junta como el intendente se exponen a ser procesados por desacato en el marco de la Ley 4711.
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