El juez Humberto Otazú otorgó medidas alternativas a Patricia Corvalán, intendenta de Quyquyhó, y a otras 4 personas imputadas en la causa por supuesta administración en provecho propio y asociación criminal por un presunto perjuicio de G. 338.595.000. De acuerdo a la apreciación del magistrado, el peligro de fuga y obstrucción a la investigación podrá […]
El juez Humberto Otazú otorgó medidas alternativas a Patricia Corvalán, intendenta de Quyquyhó, y a otras 4 personas imputadas en la causa por supuesta administración en provecho propio y asociación criminal por un presunto perjuicio de G. 338.595.000.
De acuerdo a la apreciación del magistrado, el peligro de fuga y obstrucción a la investigación podrá ser evitado con las siguientes medidas: residir en el domicilio denunciado en autos – barrio Sajonia de Asunción, a pesar de ser jefa comunal de una ciudad ubicada a unos 170 kilómetros – obligación de presentarse de forma mensual ante el juzgado, prohibición de cambiar de número de celular, obligación de presentarse a todas las citaciones que el Juzgado realice, prohibición de salir del país.
Para acceder a estas medidas, la imputada ofreció como fianza real un inmueble que pertenece al diputado Esteban Samaniego – también imputado en esta causa – ubicado en Lambaré, con un valor de G 281.190.000, para el cual se trabó embargo preventivo hasta cubrir la suma de G 140.000.000.
A similares medidas accedieron los imputados Christian Daniel Domínguez Aponte, Damián de Jesús Galarza Dardano,Blanca Gloria Álvarez Vda. De Samaniego y Guido Ramón Vargas.
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