La Oficina Técnica de Género del Ministerio Público, expresó su profunda preocupación por el manejo público de información sensible relacionada con niños, niñas y adolescentes involucrados en investigaciones penales, incluyendo casos de maltrato, violencia y abuso sexual.
Se enfatiza que la difusión de datos que permitan identificar a las víctimas y esto constituye un riesgo de revictimización, que puede dejar secuelas emocionales y psicológicas a corto y largo plazo. Por ello, se insta a todas las partes involucradas en los procesos judiciales sean familiares, abogados, operadores de justicia y funcionarios a resguardar la integridad física, emocional y psíquica de los menores de edad, respetando el principio del interés superior del niño.
La Oficina recordó que, los actos investigativos deben agotarse cumpliendo la ley y garantizando la protección de los derechos de los menores. Que, si se comprueba la existencia del hecho punible, el Ministerio Público debe perseguir la sanción correspondiente y brindar contención a las familias.
Mientras que en los casos en que se descarta la comisión del hecho, se debe garantizar acompañamiento psicológico para evitar secuelas derivadas de la revictimización.
La publicación o difusión de información sobre menores en situación de vulnerabilidad o víctimas de delitos es prohibida por ley, y su incumplimiento agrava la situación emocional de los afectados.
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