El diputado Éber Ovelar (ANR, Añetete) anunció que insistirá en la derogación de la ley “contra la impunidad” (que apunta a favorecer principalmente a narcotraficantes). La disposición suspendida establece que el plazo para procesos penales se debe reducir de cuatro a tres años.
El diputado de Caaguazú Ovelar mencionó que la vigencia de la Ley 4669/12, también conocida como “ley antimora” o “contra la impunidad” cuando entró en vigencia en julio del 2012, generó un verdadero caos jurídico en el sistema penal debido a que se redujo el plazo máximo de duración de un proceso de cuatro a tres años.
Ovelar sostiene que la ley trajo consecuencias negativas, ya que varias causas penales se extinguieron sistemáticamente como consecuencia de la aplicación retroactiva del nuevo plazo introducido por esta ley, como una derivación –claro está– del principio de aplicación retroactiva de la ley penal que es favorable al encausado y reconocida en el artículo 15 de la Carta Magna.
Menciona que varios imputados fueron beneficiados con la ley, especialmente aquellos imputados por la comisión de crímenes sumamente graves (entre ellos, narcotraficantes), todos ellos beneficiados con la extinción de la acción penal.
Ese mismo año, el Congreso otorgó una “solución parche” al sancionar la Ley 4734/12, por la cual suspendía por dos años la aplicación de la “ley Guastella” (denominada así por su proyectista el entonces senador de Unace Abel Guastella). “Se evitó momentáneamente que varias otras causas penales se siguieran extinguiendo por aplicación de la citada normativa”, declaró el diputado Ovelar.
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