Estas organizaciones operan bajo el sistema de la solidaridad vecinal y costean la compra de equipos mediante actividades para conseguir los fondos, cuando se comienza a establecer un monto y pedir dinero a discreción, lo que se está generando son pequeñas organizaciones cuasi mafiosas que cobran por ofrecer protección y eso a la larga puede resultar más peligroso que los rateros de barrios. Comments
a disputa entre dos supuestas comisiones de seguridad dejó al desnudo la absoluta inutilidad de la Policía en el Alto Paraná. Los principales líderes de estas agrupaciones llegaron a una batalla campal en plena dependencia policial, porque estaban comenzando a disputarse territorio, como lo hacen las organizaciones mafiosas. A raíz de las denuncias, nuestro diario realizó las averiguaciones y comprobó que en 11 barrios de la ciudad de Presidente Franco, la seguridad está en manos de igual cantidad de comisiones de vecinos.
Estas agrupaciones se encargan de contratar guardias, que realizan patrullajes en las cuadras de su jurisdicción y cobran un cierto monto de dinero a los vecinos. Otros avivados descubriendo que esta actividad podría ser una fuente importante de recaudación y comenzaron a crear una comisión paralela para ofrecer el servicio de seguridad, atribuyéndose funciones que son exclusivas de la policía y exigen una suma semanal a los moradores de las cuadras afectadas.
Existen experiencias exitosas de autoprotección de comisiones de vecinos, que han logrado buenos resultados solamente con sistema de alarmas y otras medidas que ahuyentan a los delincuentes. Estas organizaciones operan bajo el sistema de la solidaridad vecinal y costean la compra de equipos mediante actividades para conseguir los fondos, cuando se comienza a establecer un monto y pedir dinero a discreción, lo que se está generando son pequeñas organizaciones cuasi mafiosas que cobran por ofrecer protección y eso a la larga puede resultar más peligroso que los rateros de barrios.
Lo que con esto queda en evidencia, una vez más, es la absoluta inutilidad de nuestras instituciones y sus autoridades, quienes con total irresponsabilidad delegan una función que es de absoluta responsabilidad del Estado como lo es la seguridad, en manos de personas que no están capacitadas para ofrecer tal servicio. La ciudadanía paga ya con sus impuestos para tener policías que garanticen el orden público y además, debe contratar guardias privadas o conformar organizaciones de vecinos porque la policía no les sirve.
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