El millonario caso de “viviendas fantasma” perpetrado a través del desvío de G. 12.000 millones de la Senavitat podría quedar impune si el juzgado beneficia, por pedido de la Fiscalía, al principal acusado. Hoy el juez Fernández resolverá si “blanquea” o no a los procesados. El principal procesado pide una leve condena de solo dos años, pero con la suspensión de la posibilidad de ir la cárcel a cambio de reglas de conductas.
Esta mañana el juez penal de garantías Miguel Tadeo Fernández resolverá si “blanquea” o no a Camilo Recalde Dávalos, quien se desempeñaba en el Servicio de Asistencia Técnica (SAT) de la Senavitat, era el encargado de gerenciar y administrar fondos del proyecto de construcción de 321 viviendas.
En la audiencia preliminar de ayer Recalde Dávalos, procesado por lesión de confianza, solicitó beneficiarse con el procedimiento abreviado, con una leve condena de 2 años pero que quede suspendida con reglas de conductas a ser definidas por el juzgado. El otro acusado que participó ayer de la audiencia preliminar, Rufino González, se desempeñaba como director general de Administración y Finanzas de la Senavitat y fue quien autorizó los desembolsos para los 12 proyectos. Solicitó el sobreseimiento definitivo.
La fiscala Nadine Portillo se allanó en la audiencia preliminar a la solicitud de Recalde, mientras que se opuso al pedido de González.
Llama la atención que la fiscalía haya acusado y solicitado juicio oral para los procesados, y en la diligencia de ayer, en el caso de Recalde, el principal procesado del desvío de fondos, se allanó a su petición.
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