La aparición de documentos que dejan al descubierto todo un esquema montado para el pago de indemnizaciones a supuestas víctimas de la dictadura stronista confirma las graves denuncias de corrupción en la irregular gestión en la Defensoría del Pueblo. El caso es particularmente condenable, ya que implica lucrar con el dolor y la memoria de quienes sufrieron torturas, desapariciones y muertes. Mientras a muchas víctimas verdaderas se les ha impedido acceder a las reparaciones previstas por ley, por parte del Estado, otras personas que nunca sufrieron ningún tipo de persecución se han visto beneficiadas con millonarias sumas de dinero. Es de esperar que la Justicia sancione lo ocurrido y las nuevas autoridades corrijan los muchos abusos cometidos.
La documentaciones revelan que Cipriano Zárate Contreras fue indemnizado en 2006 con un monto de 1.000 jornales, solo en base a testimonios, sin presentar documentos que confirmen que fue víctima de la dictadura. Posteriormente, en 2008, su esposa Aurelia Vera de Zárate cobró otra indemnización similar, solo en base a testimonios y sin presentar documentos. Luego, cuatro hijos de la pareja, Braulio, Carmelo, Liliana y José Cristian, también tramitaron su indemnización, presentando documentos adulterados, falsificando un registro de detenciones de la Policía.
Aunque la Procuradoría General de la República dictaminó en contra de estos casos, el entonces defensor del Pueblo aprobó el pago de las indemnizaciones en forma irregular.
Cabe recordar que Manuel María Páez Monges ocupó irregularmente el cargo con ocho años de mandato vencido, hasta que el Congreso eligió a su actual sucesor, Miguel Godoy. Durante su gestión se denunciaron varios casos de corrupción, entre ellos erogaciones por más de 110 millones de dólares para el pago a supuestas víctimas de la dictadura. El caso es particularmente condenable, ya que implica haber lucrado con el dolor y la memoria de quienes sufrieron prisiones, torturas, desapariciones y muertes durante el régimen tiránico del general Alfredo Stroessner (1964-1989).
Entre las diversas denuncias que deben ser investigadas a fondo, se habla de casos de lesión de confianza y estafa por aproximadamente 5.000 millones de guaraníes, que habría implicado el pago de indemnizaciones no solamente a personas que nunca sufrieron ningún tipo de persecución, sino que entre las que cobraron indebidamente incluso se encontrarían algunos de los sindicados como represores del régimen.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
