Se inició un abierto enfrentamiento entre fiscales y jueces por la inédita imputación por prevaricato del ministro de la Corte Sindulfo Blanco, en medio de su juicio político. Surge la controversia sobre si los ministros tienen o no fueros para ser procesados. La causa está sin juez y se avecina una cadena de inhibiciones.
Tanto jueces como fiscales buscan hacer prevalecer sus posiciones.
Los magistrados aseguran que Blanco no puede ser procesado, en este caso por prevaricato, porque la resolución judicial que es cuestionada por la Fiscalía es parte de la opinión del juez.
Los fiscales, por su parte, aseguran que el delito de prevaricato, que tiene una expectativa de pena de hasta 5 años de cárcel, les faculta imputar cuando encuentren indicios de existencia de fallos que violen las leyes.
Existe un vacío legal porque la normativa no prevé qué órgano será el encargado de desaforar a un ministro de Corte que es procesado.
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