QUITO. El movimiento indígena doblegó al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y le obligó a derogar el polémico decreto que elevaba el precio de los combustibles, poniéndole a él y a Ecuador entre la espada y la pared frente al Fondo Monetario Internacional (FMI).
El 883 pasará a la historia para muchos ecuatorianos como el decreto que condujo a la peor ola de violencia social en los últimos años, una situación que para muchos pudo preveerse y haber hecho colapsar toda la institucionalidad.
Los once días de protestas no han dejado ni mucho menos vencedores en el campo de batalla política, y de hecho parece que sólo hay perdedores.
“Posiblemente, los actores centrales en este conflicto hayan subestimado la capacidad de actuación del otro”, valoró para Efe el analista Daniel Kersffeld un día después de que las partes principales alcanzaran un acuerdo para revisar toda la estrategia del Gobierno frente al organismo financiero.
Para Kersffeld, el Gobierno no pensó que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) “arrastraría a Quito a más de 20.000 indígenas, ni que tendría energías suficientes para afrontar una huelga de tantos días de duración y capacidad de acciones simultáneas en todo el país”.
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