El tratado internacional a través del cual se donaron las tierras de Barbero Cue (San Pedro) fue violentado por el Indert, denunciaron Cristian Ojeda y Leticia Almada, abogados de los donatarios. El ente inscribió a su nombre la finca, alterando el padrón que figura en el acuerdo y también la superficie que indica el título de propiedad.
A través del tratado internacional de referencia, Ley 4732/12, se acordó la donación de la finca N° 231 con padrón N° 682 por parte del Gobierno de Italia al Estado Paraguayo, para los ocupantes de hecho sujetos de la reforma agraria. Sin embargo, la semana pasada, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) anotó a su nombre en Catastro y en Registros Públicos la finca mencionada, pero lo hizo modificando los datos relacionados al inmueble.
Al respecto, los representantes legales de los campesinos explicaron que la maniobra consistió en reducir la superficie de 17.343 a 14.090 hectáreas, además de la creación de dos nuevos padrones relacionados al mismo inmueble (el 5802 del distrito San Pedro y el 2614 de Nueva Germania). Lo que hizo el ente agrario, presidido por Justo Cárdenas, fue accionar judicialmente para inscribir una cuestionada mensura que se hizo en el 2013, sin tener la escritura de transferencia del título de propiedad.
“El Indert no podía inscribir la mensura antes de la transferencia del inmueble porque aún no era el propietario en Registros Públicos, lo cual invalida toda la operación, pues una mensura no puede crear un título”, resaltó Almada.
A su criterio, el titular del Indert incurrió en delitos penales de producción de documentos públicos de contenido falso y lesión de confianza, al igual que otras autoridades involucradas, como la escribana mayor de Gobierno, Martha Beatriz Narvaja; el director de Catastro, Francisco Ruiz Díaz; el procurador general, Roberto Moreno Rufinelli; y el juez Édgar Rivas, quien aprobó la mensura en cuestión pese a que no coincide con el título.
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