Según explicó en RCC Radio, el caso gira en torno a una deuda reclamada al INDERT por unos USD 15
Según explicó en RCC Radio, el caso gira en torno a una deuda reclamada al INDERT por unos USD 15 millones, que se pretendía saldar mediante un acuerdo de permuta de tierras estratégicas ubicadas sobre la ruta bioceánica, lo que habría generado una pérdida potencial de hasta USD 3.500 millones para el patrimonio institucional.
Ruiz Díaz sostuvo que, a diferencia de lo que se plantea desde algunos sectores, las tierras del corredor bioceánico deben quedar en manos de corporaciones, pero no a precios irrisorios ni bajo esquemas irregulares. “Deben quedar en manos de corporaciones, sí, pero no a ese precio”, afirmó.
Indicó que la construcción de la bioceánica —y eventualmente de la Ruta 16— genera una plusvalía extraordinaria, que ya no permite tratar esas tierras bajo criterios tradicionales del Estatuto Agrario. “Tenemos que capturar esa plusvalía en beneficio del patrimonio institucional”, subrayó.
El titular del INDERT explicó que el esquema denunciado se articuló a través de una suerte de “inmobiliaria”, que proponía al INDERT entregar lotes sobre la bioceánica a cambio de un título de propiedad ubicado en Itakyry, supuestamente invadido por campesinos.
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