El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desembolsó más de G. 4.200 millones por 426 hectáreas de terreno en Alto Verá (Itapúa), pese a que el inmueble soportaba embargos y medida cautelar de prohibición de contratar. Dos años después la propiedad aún no está a nombre del Indert justamente debido a dichas restricciones, que según el expediente fueron debidamente informadas en su momento al presidente del ente, Justo Cárdenas.
Nuevamente Cárdenas es salpicado por un “negocio” de tierras, que incluye desacato de medidas judiciales, aparente lesión de confianza, pone en riesgo el patrimonio del Estado y además deja en zozobra a todo un asentamiento de compatriotas que viven desde hace décadas en la propiedad de referencia. Se trata de la finca N° 2857 inscripta hasta hoy en los Registros Públicos a nombre de la señora Lilia Oddone Vda. de Céspedes; fue expropiada por Ley 3968 del año 2010 y valuada en G. 5.350 millones.
Pese al embargo y a una medida cautelar de prohibición de contratar inscripta en Registros, se realizó en diciembre de 2013 la escritura pública de transferencia a favor del Indert. El documento fue firmado por Cárdenas en representación del ente y por la abogada Mariela Rivarola, apoderada de la señora Oddone, quien hoy tiene 99 años.
Llamativamente, en la escritura pública consignaron falsamente que el inmueble se encontraba “libre de toda restricción de dominio”, pese a que la vigencia de la medida judicial fue notificada en el año 2012 a Registros Públicos e incluso también al Indert, cuyos administradores, incluyendo el actual presidente, fueron advertidos mediante varias notas en reiteradas ocasiones.
Posteriormente, en febrero de 2014, tras el falseamiento del estado de las condiciones de dominio, Cárdenas pagó a la apoderada de la señora Oddone la suma de G. 2.674 millones, que es el 50% del valor total establecido.
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