México, 9 feb […]
México, 9 feb (EFE).- Los recursos legales que pueblos originarios han obtenido contra el Tren Maya, la obra prioritaria del Gobierno mexicano para el sureste del país, causan incertidumbre para las empresas constructoras.
Las dudas han arreciado tras confirmarse esta semana la suspensión provisional de nuevas obras del Tren Maya en el estado de Yucatán por un juicio de amparo que promueven pueblos originarios de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal.
El freno temporal afecta al tramo 3, cuya licitación ganó el 15 de mayo pasado un consorcio integrado por la española AZVI y las mexicanas Construcciones Urales y Gami Ingeniería e Instalaciones por 10.192 millones de pesos (cerca de 509,6 millones de dólares).
Además, la consultora española de ingeniería UG21 anunció el 23 de julio que ganó un contrato para la supervisión técnica y verificación de calidad de la construcción de la plataforma y vía del Tren Maya desde Calkiní, Campeche a Izamal, lo que también corresponde al tramo 3.
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