El Ministerio Público imputó al abogado Óscar Tuma, a Alexandre Rodríguez Gómez (hijo del exdiputado Eulalio Gómez), y a la funcionaria del registro público Alcira Rodríguez. Los cargos son asociación criminal y lavado de activos.
La imputación surge a raíz de la transferencia de cuatro inmuebles de Alexandre Rodríguez Gómez a Óscar Tuma como pago de honorarios profesionales. Estos bienes estaban bajo una medida cautelar de inhibición y bloqueo decretada por el juez Osmar Legal el 19 de agosto de 2024, debido a la sospecha de que provenían del narcotráfico y estaban vinculados a lavado de activos en la causa penal “Pavo Real II”.
Según la fiscalía, el 21 de agosto de 2024, Alcira Celeste Rodríguez Flores presuntamente accedió indebidamente al sistema informático de los registros públicos y alteró los datos de Alexandre Rodríguez Gómez, eliminando la inscripción de la medida cautelar.
Debido a esta alteración, el 23 de mayo de 2025, Alexandre Rodríguez Gómez pudo transferir los cuatro inmuebles a Óscar Tuma. El Ministerio Público sostiene que Tuma tenía pleno conocimiento de las medidas cautelares sobre las propiedades y que existió una asociación criminal entre Alexandre Rodríguez Gómez y Óscar Tuma para ocultar estos bienes, configurando un lavado de activos.
Por su parte, el abogado Óscar Tuma negó las acusaciones, afirmando que cuando se realizó la transferencia de propiedades a su nombre, no existía ningún tipo de bloqueo.
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