El fiscal Yoan Paul López imputó ayer a 18 transportistas que cobraron de forma indebida subsidios mediante la adulteración de datos técnicos y recibieron la ayuda estatal por buses chatarras, cuando el dinero debía ser por renovación de flotas. El perjuicio al Estado es de más de G. 13.000 millones.
Los implicados pertenecen a seis firmas de transportes (ver infografía de página). La imputación es por estafa, adquisición fraudulenta de subvenciones y producción mediata e inmediata de documentos públicos de contenido falso, explicó el fiscal Yoan Paul López.
El agente de la Unidad Barrial Nº 8 (Bº Carmelitas) pidió medidas alternativas a la prisión para los imputados y las causas abiertas por separado cayeron con los jueces Hugo Sosa Pasmor, Gustavo Amarilla, María Gricelda Caballero y Miguel Tadeo Fernández.
Según la investigación penal abierta a raíz de una denuncia presentada por Setama, se estima que 123 buses de un total de 259 estuvieron funcionando de forma irregular.
Los empresarios cobraron los subsidios indebidos porque adulteraron chasis y documentos de buses antiguos, y los hicieron pasar como vehículos nuevos.
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