La fiscala Silvia González imputó a la fiscala Gloria Rojas, quien llevaba adelante la investigación por el crimen de la adolescente María Fernanda, ocurrido en mayo de este año. Supuestamente, la fiscala le planteó a uno de los procesados gestionar con un abogado una salida procesal. El…
El caso inició tras la denuncia del acusado Franco Antonio Acosta, propietario de la farmacia que vendió el medicamento abortivo a la pareja de .
Denunció que el 14 de noviembre Rojas le citó en su despacho, en la Fiscalía de Coronel Oviedo, y le dijo supuestamente que el otro procesado Ricardo Villamayor “ya estaría arreglando su situación”, recomendándole que hiciera lo mismo.
Según la Fiscalía, le indicó que se comunicara con el abogado Juan Carlos Bedoya. Con este arreglo, la fiscala le habría asegurado que “le daría un cambio de calificación y una salida de suspensión condicional del procedimiento”.
Según la denuncia, Rojas le advirtió que le acusaría y que recién después iba a pedir cambiar la calificación.
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