El Ministerio Público formalizó la imputación contra el exdiputado y extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Orlando Arévalo, en el marco de una causa que investiga un supuesto esquema de cobro de sobornos vinculados al funcionamiento del órgano encargado de juzgar a jueces y fiscales.
La imputación se sustenta en la figura de cohecho pasivo agravado y coloca nuevamente en el centro del debate público el uso político y económico de una institución clave del sistema judicial.
La causa es impulsada por los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdéz y Luis Piñánez, quienes atribuyen a Arévalo el rol de autor principal de los hechos investigados. En el mismo expediente fue imputado Guido Javier Díaz Domínguez, señalado como cómplice en las maniobras que habrían tenido como objetivo el direccionamiento de decisiones dentro del Jurado de Enjuiciamiento.
La investigación surge a partir del análisis de conversaciones extraídas de los teléfonos del diputado fallecido Eulalio "Lalo" Gomes, cuyos chats filtrados revelaron presuntas negociaciones, pedidos de dinero y gestiones irregulares relacionadas con causas disciplinarias que afectaban a magistrados. Para la Fiscalía, estos elementos aportan indicios suficientes sobre la existencia de un esquema de coimas que habría operado desde el más alto nivel del órgano de control.
En el mismo contexto, el Ministerio Público mantiene bajo investigación a las exjuezas Ana Aguirre y Carmen Silva, cuyos nombres aparecen mencionados en los intercambios analizados y que habrían tenido algún grado de participación o beneficio dentro del presunto entramado. Si bien aún no fueron imputadas, su situación procesal permanece abierta y su rol es objeto de análisis por parte de los investigadores.
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