El Ministerio Público presentó imputación contra Arnoldo Wiens Dürksen en el marco de la causa por presunta lesión de confianza y daño a obras construidas, en el marco de la investigación por la fallida obra del Metrobús. El documento expone que la imputación se formula tras la recopilación de elementos de sospecha obtenidos durante la […]
El Ministerio Público presentó imputación contra Arnoldo Wiens Dürksen en el marco de la causa por presunta lesión de confianza y daño a obras construidas, en el marco de la investigación por la fallida obra del Metrobús. El documento expone que la imputación se formula tras la recopilación de elementos de sospecha obtenidos durante la investigación, los cuales describen decisiones administrativas adoptadas durante su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Según el relato fiscal, el origen del caso se remonta a una denuncia sobre supuestas irregularidades en la ejecución del programa de reconversión urbana y del sistema BTR, considerado en su momento uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país. La obra, iniciada en el año 2016, buscaba beneficiar a cientos de miles de usuarios mediante la modernización del transporte público en el área metropolitana.
En ese contexto, la imputación señala que, en octubre del año 2018, ya en funciones como ministro, el encausado habría suscrito un acta de entendimiento con la empresa contratista que dispuso la suspensión de las obras principales y la realización de trabajos distintos a los previstos en el contrato original. De acuerdo con la hipótesis fiscal, sostenida por los fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle, estas decisiones habrían marcado el inicio del deterioro y posterior inutilización de parte de la infraestructura construida.
El documento también sostiene que las modificaciones introducidas al objeto de la obra implicaron la ejecución de tareas orientadas a habilitar la circulación vehicular en el tramo intervenido, apartándose de las especificaciones técnicas del proyecto inicial. Para la Fiscalía, estas acciones habrían generado impactos en la continuidad del plan y en la preservación de los bienes financiados con recursos públicos.
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