La fiscala Yolanda Portillo imputó a 10 personas empleadas de cooperativas y funcionarios de la Senavitat por el caso conocido como viviendas fantasmas. El perjuicio sería de unos G. 1.200 millones por unas 321 casas no construidas.
Los imputados son Camilo Recalde, Hugo Acevedo, Carlos Valenzuela, Oscar Barreto, Carol Turrini Ayala – funcionarios de cooperativas- además de Rodolfo Lovera, Mario Pirett, Jose Núñez Alvarenga (ministro interino de Senavitat), Rufino Gonzalez Flores y Rocío González Aranda. Según la fiscala, los responsables del hecho vaciaban cuentas en complicidad de funcionarios de las cooperativas, informó la periodista de ÚH, Marcia Martínez. La construcción de 321 viviendas era para beneficiarios de Limpio, Capiatá, Nueva Italia, Luque e Ypané. El dinero se depositó, sin embargo, las mismas nunca...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora