Impulsar campañas nacionales contra los abusadores de bienes públicos - Edicion Impresa - ABC Color

En julio pasado, un político liberal fue asesinado cuando utilizaba una camioneta de la Cámara de Diputados a cargo de la diputada Ramona Mendoza. La asesoría jurídica de la Cámara sugirió que la legisladora fuera multada con la suma de 1.550.100 guaraníes, la pena mínima que impone la ley para quienes violan la prohibición de que el uso y la tenencia de automotores del sector público respondan a “fines particulares o ajenos a su función específica”. En esa misma época, el diputado liberal Víctor Ríos protagonizó un aparatoso accidente con otro vehículo oficial, y en octubre pasado la diputada colorada Perla de Vázquez distribuyó víveres en el marco de su campaña electoral utilizando un camión de la Gobernación de San Pedro, sin que recibieran sanción alguna. El verdadero órgano de aplicación de la ley en este caso es la Contraloría General. Esta institución debe tomar cartas en el asunto para que no queden impunes los casos en que se viola la norma del “uso oficial exclusivo”, como reza la leyenda que debe llevar pintada todo vehículo del sector público. Muchos de estos aprovechados, que se burlan de quienes les pagan el sueldo para que defiendan el bien común y no para que los esquilmen, serán nuevamente candidatos a cargos electivos, amparados en las “listas sábana”. Los ciudadanos y las ciudadanas deben negarles sus votos. ...[Leer más]