El juez Rodrigo Estigarribia resolvió aplicar medidas alternativas a la prisión respecto a la exjueza Liliana González de Bristot, imputada por prevaricato y otros ilícitos dentro del proceso abierto en la causa conocida como la mafia de los pagarés.
Las medidas impuestas a la imputada son: prohibición de cambiar de domicilio, prohibición de cambiar el número de celular, comparecencia trimestral para la firma del libro y prohibición de salida del país.
Igualmente, se le intima a la procesada a presentar, en un plazo de 20 días, una fianza real que cubra la suma de G 200 millones, así como las condiciones de dominio del inmueble ofrecido como garantía dentro del proceso. Liliana González de Bristot llegó a firmar resoluciones en fechas inhábiles, dictó resoluciones judiciales sin número ni fecha, e inició juicios ejecutivos sin cumplir con las exigencias mínimas.
Tampoco controló las notificaciones irregulares realizadas por sus funcionarios. Según la imputación fiscal, existen actuaciones irregulares en más de 100 expedientes.
Tras su imputación, la magistrada optó por renunciar al cargo y quedar sin fueros para enfrentar su proceso. Su defensa está a cargo del abogado Mario Elizeche, quien la puso a disposición de la Fiscalía incluso antes de ser imputada.
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