Primero hubo despido masivo de funcionarios, luego se ofició a la Junta para que no nombre a otro secretario pese a que el actual está con permiso por seis meses. El rechazo se había logrado mediante los votos de los colorados Juan Ángel Núñez, Juan Carlos Barreto y Lilian González de Aguinagalde, además de los opositores María Portillo (PLRA), Teodoro Mercado (PLRA), Miguel Prieto (Ind.), Celso Miranda (Ind.) y Herminio Corvalán (Tekojoja). La desvinculación afectó a ocho funcionarios de la Junta. Posteriormente, el secretario general Blas Darío Domínguez pidió permiso de seis meses para asumir como cónsul y la juez electoral Carmen Chávez envió un oficio en la Junta para recordarles que seguía vigente una medida cautelar a favor de Domínguez. Para coronar las diversas actuaciones en contra de la Junta, ayer la misma juez que otorgó la medida cautelar a Domínguez, Carmen Chávez de Talavera, denunció a los concejales por desacato de una orden judicial. Mercado alegó que la dependencia no puede dejar de funcionar y que además, destituir a los funcionarios de la Junta no es potestad del ejecutivo. El profesional afirma que hay una persecución grave hacia el funcionamiento de la Junta Municipal, desde el rechazo de la rendición de cuentas.
Una verdadera batería de acciones emprendió la Municipalidad de Ciudad del Este contra la Junta Municipal, luego del rechazo de la rendición de cuentas de la intendente, Sandra McLeod de Zacarías (ANR). Primero hubo despido masivo de funcionarios, luego se ofició a la Junta para que no nombre a otro secretario pese a que el actual está con permiso por seis meses. Además, la jefa comunal denunció al presidente del legislativo por usurpación de funciones públicas y la juez electoral accionó contra todos los concejales por desacato.
Los Zacarías siguen perdiendo terreno en el legislativo, a diferencia de varios periodos anteriores.
Las acciones comenzaron poco después de que la Junta, por mayoría de dos tercios, rechazara la rendición de cuentas de Sandra McLeod el 11 de julio pasado. El rechazo se había logrado mediante los votos de los colorados Juan Ángel Núñez, Juan Carlos Barreto y Lilian González de Aguinagalde, además de los opositores María Portillo (PLRA), Teodoro Mercado (PLRA), Miguel Prieto (Ind.), Celso Miranda (Ind.) y Herminio Corvalán (Tekojoja).
Poco después, la Junta sufrió despidos masivos de funcionarios asignados para diversas labores. La desvinculación afectó a ocho funcionarios de la Junta. Al mismo tiempo, fueron echados otros 130 funcionarios de la institución, supuestamente, quienes habían ingresado como cupo de González y Núñez.
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