El gobernador salió al paso y señaló que la legisladora está procesada por irregularidades en su gestión como gobernadora del periodo pasado.
La diputada sostuvo que la actual gobernación adjudicó por G. 680 millones para la construcción de cortafuegos, pero los lugareños no observaron ningún trabajo realizado. “Ante la consulta, el gobernador sale a decir que ha hecho el llamado pero que utilizó el dinero para pagar cuentas”, indicó.
“Es una respuesta increíble, para alguien que maneja recursos públicos, plata del pueblo. Para completar, la Gobernación adjudica el contrato millonario de G. 500 millones a una empresa de maletín, ligada al jefe de recursos humanos de la Gobernación”, fustigó la diputada.
Instó a las instituciones a realizar una fiscalización y a la Fiscalía a realizar una investigación ante la posibilidad de que haya un hecho punible.
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